Con unidad y decisión, podemos seguir frenando el Código represivo de Scioli

Con unidad y decisión, podemos seguir frenando el Código represivo de Scioli

Se frustró el tratamiento del Código Contravencional.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli (PJ-FpV), está impulsando nuevas reglamentaciones represivas. En lugar de resolver los problemas de la población con políticas económicas y sociales que garanticen el derecho a un trabajo digno, alimentación, salud y educación, intenta “atacar” los efectos de la desigualdad. Le quiere dar más poder a la misma policía que gerencia todos los delitos, con el objetivo de criminalizar la pobreza y la protesta ante las injusticias.

Esta política, avalada por la mayoría de sus legisladores e implícitamente por el gobierno nacional, que no sale a cruzarla, se ha acentuado a medida que la situación social es más grave y la gente sale a la calle a reclamar sus derechos. Si bien el PJ-FpV habla en contra de “la derecha”, esta avanzada represiva no es una reacción ante los piquetes de los productores sojeros, que cortaron decenas de rutas de todo el país durante meses. Mucho menos ante los ilícitos e inmoralidades de los negociados entre ricos empresarios – entre ellos, muchas corporaciones trasnacionales a las que se entrega los bienes de nuestro territorio: tierra, petróleo, gas, agua - y caudillos que gestionan el sistema político. Ninguna política apunta a endurecer las penas a la injusticia, la desigualdad, los delitos económicos, el acaparamiento, la verdadera inseguridad social que es un presente y un futuro para pocos.

Mientras el matrimonio Kirchner hace bandera con los derechos humanos, sus principales aliados impulsan legislaciones cada vez más represivas. Al mismo tiempo que se desentienden de las legislaciones que garantizan derechos básicos, supuestamente vigentes pero incumplidas. Uno de estos ejemplos es la Ley 13.298 de Promoción y Protección de la Niñez y Adolescencia, incumplida por la provincia y la Municipalidad de La Plata. Tampoco se cumple la norma de igualdad ante la ley y no discriminación en la asignación de recursos, y existen como pasa con la asistencia social o los programas de empleo bajo la figura de cooperativas, que son negados a las organizaciones sociales no oficialistas y sólo a través de la lucha logramos algunos avances, de todas maneras insuficientes para la necesidad real que existe.

El gobierno hace suya así la agenda política de los sectores más reaccionarios, aquellos que añoran una dictadura y proponen normas que tienen que ver con esa forma de control, más que con una democracia. La ofensiva es amplificada por las corporaciones de medios, que dicen cuál protesta es “caos de tránsito y hay que reprimir”; y cuál es la que tiene “la representación de la patria”. Se trata de limitar la protesta de los más perjudicados por un sistema capitalista que tiene en su centro a la depredación, y empobrece a las mayorías para beneficiar a algunos. A los que tiene el poder, a los corruptos que lo administran a su servicio, no mucho más.

Con estos objetivos, y a iniciativa de Daniel Scioli -que hizo una campaña de prensa con este tema sin que sus aliados progresistas emitieran opinión pública en contrario-, el jueves 3 de diciembre estaba previsto el tratamiento de un nuevo Código Contravencional.

Dos semanas antes se había realizado una conferencia de prensa en la misma Cámara, donde varias organizaciones, entre ellas el Comité contra la Tortura, lanzaron una declaración rechazando lo que implicaría un grave retroceso a las libertades civiles y los derechos sociales. El texto fue circulando, informando y ganando adhesiones. Desde el Frente Popular Darío Santillán también nos sumamos a la convocatoria del jueves 3 y desde ese momento, junto a las demás organizaciones de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez y muchas otras, impulsamos distintas acciones de difusión y movilización. Con pocas horas a nuestro favor y una anormal cerrazón mediática –los principales diarios ocultaron totalmente las actividades y el debate-, en poco tiempo las organizaciones populares logramos articular el rechazo a esta iniciativa, a través de comunicados comunes y pudiendo garantizar actividades. Entre las actividades, volanteadas en lugares públicos el viernes 4, domingo 6 y martes 8; y también concentraciones y piquetes el lunes 7 y miércoles 9. En todo momento parecía que se podía aprobar, y se postergaba, hasta que en la tarde de hoy anunciaron que el proyecto no sería tratado ya en las sesiones ordinarias.

Creemos que esta resistencia es un paso muy importante, aunque no podemos dormirnos en los laureles: el gobernador continúa impulsando una política represiva y va a seguir intentando aprobar esta legislación. Por eso seguimos dando forma a un espacio de amplia coordinación surgido desde la práctica común. Las organizaciones que impulsamos esta coordinación contra el Código represivo de Scioli nos volvemos a reunir el miércoles 16 a las 18.30 hs. en el Centro Social Olga Vázquez. De todas maneras nos mantenemos alerta para que no inventen alguna pirueta para aprobar el proyecto sin darlo a publicidad, a espaldas del pueblo. En estos momentos, el desafío que tenemos es mostrar que no podrán romper esta unidad y movilización. Apostamos a que se difunda y haya actividades de movilización en toda la provincia, porque aunque sesionen en La Plata, afecta a todo el territorio.

Convocamos a la más amplia unidad y organización ante las políticas represivas y a una efectiva coordinación en base a la confianza mutua y el ponerle el cuerpo entre todos.

Adjuntamos materiales para difundir:

- Spot radial producido por el Bachillerato Popular Bartolina Sisa y cumpas de prensa FPDS

- Doc. Legales

NO AL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL

NO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD:

“NINGÚN PIBE NACE CHORRO”

NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA

Y DE LA PROTESTA SOCIAL

POR TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN

SÓLO ASEGURANDO VIDA DIGNA CONSTRUIMOS SEGURIDAD PARA TODOS Y TODAS

CONTACTOS DE PRENSA:

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