Jueves 20/5
MARCHA DE ANTORCHAS
17 hs. Plaza San Martín
A casi 30 años del regreso de la democracia, un tema complejo se hace visible en la agenda política provincial: la INseguridad.
Cientos de paginas de diarios y revistas, horas de radio y televisión, se consumen en una descripción sesgada, superficial y burda de “hechos violentos-delictivos” como robos, asesinatos, secuestros. Reducen así la seguridad de la sociedad a la comisión de algunos delitos del Código Penal. En sintonía con esto, los gobiernos provincial y nacional y la mayor parte de los partidos políticos de la oposición, se suben al reclamo de “mano dura y balas para los delincuentes”, “mayor prisionización”, “baja de edad de imputabilidad” y modifican leyes que violentan la Constitución y los pactos internacionales incorporadas a ella. Algunos sectores hasta plantean la pena de muerte y el retroceso a la primitiva ley del talión: el que mata debe morir, al ladrón se le debe cortar las manos.
En el marco de esta recurrente voracidad punitiva, nos vemos en la obligación de advertir que:
1.- El origen de este tipo de delitos y la violencia tienen raíces complejas y profundas, tanto sociales como institucionales: la falta de equidad social y de distribución de la riqueza, el desempleo, la exclusión y la desarticulación de las políticas educativas.
2.- Los delitos mencionados que persigue el sistema policial-judicial selectivo, reducen intencionalmente el concepto de delito y ocultan otros: la trata de personas, el narcotráfico a gran escala, el tráfico de armas y los desarmaderos. Tampoco se investiga la estafa y la evasión de muchos empresarios y la corrupción de funcionarios y políticos. Estos delitos –a los que no se les teme ni persigue y por los que la sociedad no demanda mano dura- no sólo ocasionan un daño social mucho mayor que los delitos que sí se reprimen, sino que a través de sus nefastas consecuencias sociales están entrelazados con el origen de los delitos “de calle”. No existen políticas criminales específicas para desarticular estas redes de ilegalidad que, con complicidad o tolerancia de funcionarios provinciales y locales –políticos y policiales-, regulan la violencia en la provincia.
3.- Esta fuerte tendencia a la criminalización de la pobreza es un núcleo articulador de las políticas neoliberales y tiene como principal víctima a las niñas, niños y jóvenes. La baja de la edad de imputabilidad promovida en el proyecto nacional y el proyecto de código contravencional de Scioli, no resuelven de ningún modo el problema de la inseguridad, y eluden el debate sobre la responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y jóvenes. Por el contrario, es preciso profundizar las políticas de inclusión y contención de los más jóvenes y no aquéllas que, basadas en la represión callejera y la privación de libertad, contribuyen a profundizar la brecha social existente.
4.- Cuando las respuestas desde las políticas públicas a la cuestión de la inseguridad se centran exclusivamente en la represión a sectores ya marginados, lo que se consigue es estimular el crecimiento de los índices delictivos. Llamamos la atención sobre la urgente necesidad de establecer políticas públicas de seguridad inclusivas, solidarias y democráticas. Es imprescindible garantizar la efectiva implementación del sistema de promoción y protección de los derechos de las niñas y niños, establecido por la ley 13. 298; y poner en marcha todos los órganos previstos por ella: la comisión interministerial, los consejos locales, el defensor de los derechos del niño y el observatorio social. También promover políticas universales de salud, educación, vivienda y trabajo.
5.- Desde la asunción del gobernador Scioli, las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad apelaron a principios autoritarios en el uso de la fuerza y colocaron el eje en darle mas "potencia de fuego a la policía". Este tipo de discursos impacta directamente en una fuerza que registra escandalosas estadísticas de casos de gatillo fácil, torturas y apremios.
6.- De la mano de esto la Policía de la Provincia profundizó la detención de jóvenes adolescentes por el simple hecho de ser portadores de un estigma. Frente a esto la justicia no termina de poner límites a la detención de menores y su alojamiento en comisarías. Deja, así, margen para que la Bonaerense utilice figuras inconstitucionales como “contravenciones”, “detenciones por averiguación de identidad”, aprehensiones injustificadas (a posteriori registradas como “entrega de menor”) y “pedidos de paradero” o “captura” contradiciendo lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio”. Estas medidas constituyen un mecanismo de persecución y control social de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Se detienen a niñas y niños, sin su debida notificación al defensor de menores, se los mantiene incomunicados, se los somete a torturas en las comisarías como golpes y vejaciones, que muchas veces terminan en asesinatos como en el caso de Darian Barzábal. Estas prácticas policiales son rutinas silenciosas e invisibilizadas por los medios de comunicación y el poder político.
7.- En esta dirección se inscribe el proyecto de Código Contravencional o de Faltas del Gobernador, claramente inconstitucional. Con esta herramienta se avanza en la criminalización de la protesta social y se profundiza la represión de los sectores pobres y excluidos de la sociedad, otorgando más facultades discrecionales y arbitrarias a la Policía Bonaerense. Así se podrá meter presos a vagabundos, mendigos, “merodeadores”, borrachos, cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes sin autorización, parapsicólogos, travestis y prostitutas. Los que participen de despedidas de solteros, tomen una cerveza o jueguen al futbol en la plaza o las veredas. Tampoco los ciudadanos podrán cubrirse el rostro en la calle, gritar en su propia casa o participar en marchas, piquetes, corte de calles o escribir graffitis y leyendas.
8.- La promoción de este tipo de políticas regresivas, se da en el contexto de una provincia en la que diversos hechos han mostrado la permanencia de redes de inteligencia y grupos operativos que actúan impunemente: a las desapariciones impunes de Julio López y Luciano Arruga, se suman el regreso de las razzias policiales o la actuación de grupos parapoliciales contra pibes de la calle -como aconteció en Plaza San Martín de La Plata-.
9.- Como corolario de estas políticas, la actuación judicial-policial en desalojos de familias pobres de diversos barrios de La Plata , -incluso desobedeciendo las ordenes de un juez-, confirman la arbitrariedad y desigualdad que se sostiene desde el gobierno provincial para con los sectores más vulnerables.
Por todo esto decimos ¡BASTA!
Basta de mirar para otro lado, basta de tratar a un inmenso sector de la población como si mereciera la pobreza. Porque queremos políticas para el desarrollo pleno de la vida de todas las chicas y chicos y sus familias.
No toleramos que primero se abandone a los niños y niñas y luego se los encierre, cargando sobre ellos y ellas todo el peso de la responsabilidad de lo que les pasa.
Los niños y niñas que mueren de hambre, los abandonados, los muertos en casos de gatillo fácil y los victimas de torturas o apremios ilegales son victimas de un Estado que debe responder por los delitos que comete.
Queremos una sociedad justa donde las políticas públicas aseguren trabajo digno, salud y educación para todas y todos
Por todo esto exigimos:
-No a la baja de la edad de imputabilidad.
-No a los Código Contravencionales
-No a las detenciones ilegales de niños y jóvenes
-Aplicación real de la ley 13.298 de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños, presupuesto y políticas efectivas
-No al desalojo de niñ@s y sus familias
Por que queremos…
POLÍTICAS PARA LA VIDA , NO PARA EL ENCIERRO
La Plata 20 de mayo de 2.010
adhesiones a: apdnlaplata@gmail.com o noalcodigodescioli@gmail.com
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