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Anotaciones sobre la resistencia del pueblo colombiano contra los imperialistas de fronteras adentro
Muy a pesar de los discursos propagandísticos de su actual gobierno encabezado por Juan Manuel Santos, Colombia sigue siendo un país donde protestar contra las injusticias es una decisión donde se juega la vida, de una u otra manera. Porque el único camino de perseguir una vida vivible es la lucha, pero luchar, se ha convertido en una osadía que se paga con encarcelamientos, secuestros, torturas y muertes. Sin embargo hay cada vez más luchadores y luchadoras en Colombia.
En el marco de una gira por los movimientos populares de Latinoamérica, estuvieron en nuestro país Marta Cecilia Díaz Suarez, presidenta de Sindicato de estatales (ASTDEMP) y Ramiro Jesús Ortega Muñeto, de la Asociación Campesina del Valle de Cimitarra (ACVC). Se trata de dos representantes de organizaciones que siguen denunciando y reclamando contra el saqueo, la represión y la pobreza, situaciones que sufrimos en casi todo el continente, pero que llega a grados exuberantes en Colombia. El objetivo principal de este recorrido pensado desde las organizaciones colombianas es la búsqueda de solidaridad en el pueblo de otros países y la convocatoria al “Encuentro Nacional de Campesinos, Indígenas y Afrodescendientes por la Tierra y la Paz de Colombia”.
Ambos militantes, así como miles de compatriotas han sufrido amenazas, cárcel en los últimos años y en esta entrevista conversan sobre los siguientes ejes:
. Invitación al Encuentro a organizaciones y militantes de Latinoamérica. Objetivos del encuentro.
. Situación actual del campo en Colombia.
. Continuidades del gobierno de Santos con el de Uribe: paramilitarismo, represión, multinacionales, desplazamientos.
. Proyecto de ley contra la protesta.
Más información sobre el encuentro en prensarural.org
MANIFIESTO POR LA TIERRA Y LA PAZ
EL DIÁLOGO ES LA RUTA
Los miles de asistentes al Encuentro nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia. El diálogo es la ruta, realizado en Barrancabermeja del 12 al 14 de 2011 declaramos frente a la sociedad colombiana y la comunidad internacional:
1. Hemos concluido nuestro encuentro con un balance de pleno éxito. Los propósitos que nos trazamos de analizar la situación del país se han cumplido con creces. Hemos considerando de manera específica nuestras preocupaciones por el futuro de nuestra tierra, nuestro territorio y nuestros recursos, por la democracia, la situación y la garantía de nuestros derechos, así como del estado de la guerra y las posibilidades de una solución política.
2. Estos resultados, son expresión de una multitudinaria manifestación y aspiración ciudadana, que se ha realizado en forma pública y ha sido transmitida por medios de comunicación. Los frutos de este encuentro son producto exclusivo de nuestro sacrificio y esfuerzo colectivo y anhelo por encontrar caminos para la paz.
3. Agradecemos el acompañamiento de la Iglesia, de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Barrancabermeja, así como de la Comunidad internacional, especialmente de algunas de sus organizaciones comprometidas con las causas de los derechos humanos y de la paz. Su concurso ha sido del mayor significado.
4. Manifestamos nuestro rechazo frente a las políticas gubernamentales que durante la última década se han venido implantando en el país para promover un modelo económico que propicia la explotación intensiva de nuestra tierra y recursos naturales , favorece a las empresas transnacionales y los grupos económicos, acentúa los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio, estimula nuevos procesos de expropiación, despojo y de desplazamiento forzado, deteriora radicalmente los procesos sociales y compromete nuestras condiciones de soberanía y seguridad alimentaria. Este modelo económico destruye la economía campesina, los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes y produce un escalamiento de la dinámica del conflicto social y armado que agobia a nuestro país.
5. Expresamos nuestra preocupación frente al proyecto gubernamental de Ley general de tierras y de desarrollo rural, la ley de víctimas y de restitución de tierras y el Plan Nacional de desarrollo, porque no garantizan los derechos de los colombianos y favorecen el actual modelo minero energético no beneficioso para el medio ambiente y para el pueblo colombiano.
6. Afirmamos nuestro apoyo al proyecto de Ley de Reforma agraria integral, presentado por las organizaciones campesinas, construido por la Mesa de Unidad Agraria, y presentado en este encuentro, por considerar que él recoge en gran medida las aspiraciones de la población rural colombiana, y demandamos de la sociedad su más amplio respaldo.
7. La democracia en nuestro país y la generación de mejores condiciones para hacer efectivos y garantizar nuestros derechos demanda un nuevo modelo que posibilite el uso de nuestros recursos y riquezas, superando las profundas desigualdades económicas y sociales, en función del buen vivir de nuestra población.
8. Nos preocupa que pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del gobierno actual y a sus manifestaciones acerca de que la llave de la paz no estaría extraviada, es evidente que la pretensión de la solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental y responde a un equivocado concepto de "paz de vencedores y vencidos”. La historia del conflicto colombiano nos muestra que las soluciones militares no conducen a la paz. Por tanto, no podemos continuar atrapados por la perspectiva de un escalamiento de la guerra y de una creciente intervención militar extranjera. No queremos continuar nuestras vidas con la permanente amenaza de las bombas y las balas. Es hora de ponerle fin a la guerra. La solución política se constituye en una necesidad.
9. Somos conscientes que la perspectiva de la solución política posee muchos enemigos, especialmente aquellos que se benefician del estado de cosas existentes y de la sociedad de privilegios que les sirve de sustento. Desactivar la guerra desfavorece, además, a quienes han hecho de ella un negocio lucrativo. Los colombianos tenemos el derecho a propiciar conscientemente la generación de nuevas condiciones para emprender el camino que pueda conducir a un trámite distinto del basado en el ejercicio de la violencia-de manera que los conflictos que le son inherentes a nuestra sociedad, puedan transitar por la vía del dialogo la justicia social y la paz.
10. Tenemos la convicción acerca de la necesidad de avanzar en la concepción y materialización de una ruta de la paz, que tenga como próxima meta la conformación de un movimiento de alcance nacional con apoyo internacional con el mandato expreso de promover la construcción de la paz con justicia social y la solución política al conflicto social y armado. Caminar en esa dirección demanda la generación de un clima favorable. Es urgente trabajar todos juntos para consolidar una cultura de la paz. Consideramos que las partes comprometidas de manera directa en la confrontación deberían contemplar como gesto mutuo frente a la sociedad colombiana un cese bilateral de hostilidades, que abra la posibilidad del diálogo. Igualmente, la consideración de compromisos y acuerdos humanitarios que permitan parar la violencia contra la población civil y todos los crímenes atroces.
11. Las declaraciones generales sobre la paz y el dialogo son insuficientes y muchas veces se han acompañado de escalamientos en la guerra. Por ello este Encuentro exige gestos y hechos de todas las partes que signifiquen respuestas positivas a los reclamos de la población, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes: alto al desplazamiento forzado y al despojo; respeto incondicional a los derechos de los niños, niñas y mujeres, garantía y respeto a los derechos de las víctimas; no militarización de los territorios, respeto a la autonomía de los pueblos indígenas. Parar la guerra y construir la paz. Es la hora de la solución política.
12. Necesitamos hacer realidad la idea consistente en que el diálogo es la ruta. Materializar ello implica, sobre todo, las más amplia participación social y popular. La solución política no puede ser un asunto de competencia exclusiva de las partes comprometidas de manera directa en la contienda militar. “Todas las voces todas, todas las manos todas”, de este país requieren ser escuchadas y movilizadas para sentar las bases que nos permitan avanzar hacia la paz con justicia social. Ello supone una ardua tarea de organización, politización y movilización social, que deseamos asumir con todos aquellos que estén dispuestos a acompañarla, y que se suma a todos los esfuerzos e iniciativas sociales y populares que a través de diferentes vías y mediante variadas expresiones organizativas se vienen desarrollando en el país. Ese espacio se debe construir y ampliar garantizando el respeto a las organizaciones sociales y a su autonomía. Su punto de partida se encuentra en las innumerables manifestaciones de la acción colectiva social y popular, en los diferentes procesos organizativos que con enfoques distintos y diversas perspectivas políticas se han venido gestando en nuestro país durante los últimos años.
13. Proponemos que todos esos esfuerzos, articulados entre sí y sumados a otras expresiones de la organización social en el ámbito local o atendiendo preocupaciones sectoriales, étnicas, o de género, confluyan en la preparación y realización de constituyentes regionales, espacios de soberanía popular y participación ciudadana, concebidos como mecanismos de construcción de paz y justicia social y por la solución política. Su diseño, debe de posibilitar la consideración de la problemática general del conflicto y sus salidas, así como el abordaje de las respectivas especificidades regionales. Estos procesos suponen la participación activa y directa de los más amplios sectores sociales, atendiendo su diversidad y pluralidad, y debe ser conducente a la definición precisa de mandatos regionales.
14. Estas dinámicas representan espacios de confluencia hacia una Asamblea nacional de Constituyentes y procesos regionales por la paz. De la asamblea debería salir un mandato nacional por la solución política y la paz con justicia social, con su correspondiente definición programática y de acción política. Todo este esfuerzo tiene una posibilidad más cierta si logra acompañarse de la comunidad internacional
15. Las conclusiones de este encuentro, producto de nuestra ardua labor en diferentes mesas de trabajo, así como esta declaración política, serán entregadas a la sociedad colombiana, al Gobierno central y demás poderes del Estado, así como a las guerrillas de las FARC-EP y del ELN, con el fin de hacer expresa nuestra voluntad y aspiración porque se exploren con urgencia acciones tendientes a desatar el nudo de la confrontación y avanzar hacia la solución política y la paz. Estamos convencidos que ese es el sentir creciente del pueblo colombiano: Vivir en paz con justicia social.
16. Invitamos a todas las organizaciones participantes a impulsar y participar en los diferentes escenarios e iniciativas para seguir fortaleciendo las apuestas de este encuentro.
ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS, INDÍGENAS, AFRODECENDIENTES POR TIERRA Y LA PAZ DE COLOMBIA.
EL DIÁLOGO ES LA RUTA
BARRANCABERMEJA, 14 DE AGOSTO DE 2011.
El proceso de construcción de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, una experiencia de organización, movilización y resistencia en el territorio.
Iniciemos con describir el poblamiento del Valle del Río Cimitarra, este se originó por procesos de colonización a causa de las migraciones generadas por persecuciones políticas y sociales entre los años 40 y los años 50. Donde la historia de colonización del Valle del Cimitarra se caracterizó por su arraigo a estas tierras a pesar de las condiciones adversas de la selva que tuvieron que colonizar y de las acciones represivas por parte del gobierno y sus estructuras militares y paramilitares que contra ellos se han desarrollado hasta el presente.
De resaltar como comienza a poblarse la región por gentes de los Santanderes, Antioquia, Los Llanos, Boyacá, Bolívar, personas que se dedicaran a la pesca, cultivo de arroz, maíz, yuca, plátano, explotación maderera. La mayoría de los caseríos se establecieron en los años 70 y con ellos las primeras Juntas de Acción Comunal (JAC), en las áreas de Yondó, Remedios y Cantagallo que se unificarían para conforman organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), esto hace que nuestros referentes de construcción de tejido social y asociativo en la región, traducido en organización, participación y solidaridad entre muchos de los habitantes de la región, se pueda enmarcar en tres fases desarrolladas entre el periodo 1980 al 1992: la Cooperativa Coopemantioquia, la Coordinadora Campesina del Magdalena Medio y Asojuntas, cuyas dinámicas serían determinantes para la constitución posterior de la ACVC.
La primera de ellas la Cooperativa donde luego de la casi extinción de la ANUC en Yondó y del movimiento de mineros artesanales de Remedios y Segovia que resistieron a las imposiciones de la Frontino Gold Mines en la década de 1970, se organizó a mediados de los 80, la Cooperativa de Medianos Agricultores de Antioquia –COOPEMANTIOQUIA-, para facilitar la comercialización de productos agrícolas, evitar el abuso de los especuladores, permitir a los colonos contar con una instancia para la solución de sus conflictos y tramitar sus reclamos ante el Estado.
A comienzos de 1989 la administración municipal de Yondó, dirigida por la Unión Patriótica, apoyó varios proyectos de la Cooperativa; este hecho dio pie para el inicio de ataques contra la población y la organización. En febrero de 1989 fue bombardeada y saqueada la sede del caserío de Puerto Nuevo Ité. Desde entonces el proceso organizativo se vio afectado por la lógica de la lucha contrainsurgente estatal y paramilitar (bombardeos, torturas, asesinatos, desapariciones), hasta su disgregación a comienzos de la década de 1990, dejando un importante legado de lucha social.
La Coordinadora Campesina del Magdalena Medio:
Simultáneamente con el proceso de la Cooperativa, otras dinámicas organizativas se estaban desarrollando en esta región del Magdalena Medio, hacia 1984 varias organizaciones regionales dan origen a la Coordinadora Campesina del Magdalena Medio. Esta expresión asociativa canalizó el interés organizativo de los pobladores en un momento en el que empezaba a consolidarse el paramilitarismo en la región, recogiendo las demandas de las comunidades campesinas afectadas por los operativos militares y paramilitares. En 1982 se realizó una marcha campesina a Barrancabermeja, que logra establecer una comisión de veeduría, para el seguimiento de los acuerdos establecidos con la administración municipal; su posterior incumplimiento llevó a la Coordinadora a realizar una nueva movilización desde San Pablo hasta Cartagena, marcha que recorrió el río Magdalena durante 40 días. Si bien en las negociaciones las autoridades municipales aceptaron el pliego de peticiones, posteriormente dichas peticiones fueron desconocidas de nuevo.
Asociación de juntas comunales de Yondó –ASOCOMUNAL-
Al comenzar la década de 1990, en medio de la ofensiva paramilitar contra la UP y los campesinos de la región, algunas comunidades del municipio de Yondó articularon sus demandas en torno a las juntas de acción comunal, surgió así ASOCOMUNAL como instancia de interlocución con las autoridades locales. Por intermedio de esta asociación se adquirieron créditos y maquinaria para el cultivo comunitario de yuca, y en la cabecera municipal de Yondó se construyó una sede para el trabajo comunitario. si bien como propuesta organizativa la asociación fue exitosa, la inexperiencia en la gestión y administración de los proyectos, llevó a que las comunidades acudieran a dirigentes locales del partido liberal para que apoyaran el trabajo de las microempresas de ASOCOMUNAL. No obstante, los malos manejos que tuvieron los representantes locales de dicho partido en la asociación, hicieron que los campesinos perdieran confianza en esta propuesta organizativa, que a la postre terminaría siendo convertida en un espacio político que no representaba los intereses del campesinado de Yondó y la region, excluyendo a los dirigentes comunitarios que le dieron origen.
El período de reorganización campesina 1993 – 1996
Entre 1993 y 1996 en la región se crearon nuevas alternativas para hacer frente a la arremetida violenta contra los movimientos sociales y políticos que se generaron a lo largo de la década anterior. En la región del Magdalena Medio, en la ciudad de Barrancabermeja y en las zonas rurales en donde se desarrollaban las propuestas asociativas del Valle del río Cimitarra, las denuncias frente a la violación de los derechos humanos, homicidios, desapariciones y bombardeos dieron origen a diversas expresiones de denuncia y defensa de los derechos humanos.
Este segundo periodo corresponde a la realización de balances por parte de los dirigentes sobrevivientes, en el que se planteó la necesidad de vincularse con el movimiento de derechos humanos de la región y documentar la persecución de que eran objeto por parte de ganaderos y autoridades municipales; a la vez, se tejieron nuevas relaciones con otras dinámicas organizativas del Magdalena Medio, principalmente con asociaciones del Sur de Bolívar, los campesinos y mineros de Simití, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo.
En el Magdalena Medio el fenómeno del narcotráfico produjo migraciones de campesinos en búsqueda de trabajo en los cultivos de coca, hacia municipios como Santa Rosa del Sur, Río Viejo y San Pablo. Con la aparición de la coca un nuevo problema se visibilizó para las comunidades: la implementación de la política antinarcóticos del Estado y particularmente las fumigaciones indiscriminadas con glifosato sobre las zonas productoras de hoja de coca. Fumigaciones desarrolladas cada año y de manera continua desde 2001 hasta el 2011, en la región del sur de Bolívar y el valle del río Cimitarra.
Las anteriores condiciones presentadas tanto en la región como en los procesos organizativos de comienzos de la década de 1990, llevaron a optar por constituir una organización que respondiera a las nuevas condiciones y demandas campesinas: la ACVC
El surgimiento de la ACVC y las movilizaciones campesinas (1996 – 1998)
La ACVC surgió en un contexto nacional y regional de movilización campesina. Durante el segundo semestre de 1996 se desarrollaron amplias protestas de las comunidades de las zonas cocaleras de Putumayo, Caquetá, Cauca, Sur de Bolívar y Guaviare, por la aplicación masiva de controles a la comercialización de insumos para el procesamiento de la hoja de coca, también demandados con fines lícitos (cemento, combustibles), el manejo corrupto de algunas autoridades sobre dichos insumos y las fumigaciones aéreas, que afectaban tanto los cultivos de coca y amapola como el pancoger y los pastos.
En estas condiciones, los campesinos del Valle del río Cimitarra, deciden en múltiples asambleas veredales sumarse a la movilización de los campesinos, mineros y cocaleros del Sur de Bolívar, para exigir la suspensión del accionar paramilitar y las fumigaciones contra los sembrados de coca. Entonces, se preparó una movilización de cerca de 10 mil habitantes de la región hacia Barrancabermeja con el fin de pedir protección para sus vidas y sus cultivos, pero también para negociar reivindicaciones como vías, salud y educación. Uno de los resultados de las negociaciones es la creación del Movimiento Regional por la Paz, expresión del campesinado que esperaba ser intercolutor ante el cuestionado gobierno de Ernesto Samper (1994 – 1998).
Entre septiembre y octubre de 1996 se realizó la denominada “Marcha de los Parques”, hacia la ciudad de Barrancabermeja y el municipio de San Pablo (Sur de Bolívar). Esta movilización campesina tiene para la ACVC un significado particular, pues las comunidades van a plantear además de un conjunto de demandas, su intencionalidad expresa de proponer un modelo alternativo de desarrollo para la región y sus habitantes.
Las comunidades campesinas, lograron que el gobierno de Samper reconociera sus demandas y se comprometiera a atender las necesidades campesinas. Aunque no se cumplieron los acuerdos, esta movilización y los documentos firmados por el gobierno, abrieron un nuevo contexto de lucha social y un nuevo escenario en el que se amplió la red de relaciones de la nueva organización campesina y emergieron condiciones para otras potencialidades de las comunidades organizadas, pues, de una parte, la problemática de la región se dio a conocer a nivel nacional e internacional, y de otra, se creó un acontecimiento: los acuerdos con el gobierno, que servirían como herramienta para movilizaciones y proyectos posteriores.
En medio de este proceso los líderes campesinos del valle del río Cimitarra proponen a las comunidades la conformación de una nueva organización: la ACVC como una organización que los reconozca y que los ampare a todos, que defendienda los derechos humanos, promueva la reforma agraria y trabaje por la búsqueda de la solución política al conflicto social y armado que vivía y sigue padeciendo la región.
A partir de la marcha de 1996, una Asamblea de juntas de acción comunal, decidió que los negociadores presentes en los acuerdos de la movilización hicieran parte de la directiva fundadora de la nueva organización ACVC. No obstante, al tiempo que se va dando la consolidación de la estructura organizativa inicial, se mantiene un nivel de movilización y presión hacia el gobierno nacional. En 1997 se realiza la toma de la Catedral de Cartagena, capital del departamento de Bolívar, para exigir el cumplimiento de acuerdos y denunciar el incremento del accionar paramilitar en la región.
En este contexto de movilización y consternación, se llevó a cabo al éxodo campesino realizado entre julio y octubre de 1998; basado en las siguientes razones: El desplazamiento forzado de los campesinos de la zona (debido a la incursión paramilitar en el Sur de Bolívar y el Valle del Río Cimitarra), la información que tenía la población sobre los intereses de algunas empresas multinacionales en la región, el convencimiento de la validez y vigencia de los acuerdos incumplidos y la necesidad de replantear y reorientar la visión de los mismos.
El éxodo se da en un momento coyuntural, la llegada al gobierno nacional de Andrés Pastrana (1998 – 2002), quien se había comprometido a dialogar con la guerrilla. Así que en la racionalidad campesina, si dialogaba con la guerrilla, entonces debería dialogar y buscar soluciones para los campesinos.
Como resultado de la movilización, a comienzos de octubre de 1998, se acordó la generación participativa de un Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio, para garantizar la vida, la protección de los DD HH y llevar a cabo inversión social en los veinticinco municipios que participaron del éxodo. Uno de los puntos firmados por el gobierno fue la conformación de una Zona de Reserva campesina en la región, acuerdo en el que la ACVC concentraría todos sus esfuerzos.
Lucha por la Zona de Reserva Campesina 1998 – 2011
Si bien la ZRC se constituyo en diciembre 2002 esta fue suspendida por orden del gobierno Alvaro uribe en Abril de 2003, sin embargo la legitimidad de esta figura se mantuvo al interior del campesinado quienes continuaron trabajando en la ejecución de su plan de desarrollo a pesar de no contar con su reconocimiento legal.
Ante la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que se mantenía en la región caracterizada por las fumigaciones indiscriminadas, las erradicaciones manuales y las ejecuciones extrajudiciales, en el año 2007 más de 5.000 campesinos se concentraron en la ciudad de Barrancabermeja para exigir el cumplimiento y garantía de sus derechos, así como la reactivación de la ZRC, con lo cual lograron una mesa de concertación y diálogo con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Dos meses después de esta negociación, fueron emitidas 16 órdenes de captura en contra de la junta directiva de la ACVC por el delito de rebelión, dejando privados de su libertad por más de seis meses a seis de sus miembros y el resto de directiva en el exilio.
Con el proceso de persecución judicial que se creó en contra de la ACVC se generó un debilitamiento en la organización, no obstante y a pesar de las dificultades su trabajo continuó. A finales del año 2009 con toda su junta directiva en libertad y reincorporados en la asociación y en el territorio, se refuerza la necesidad de la reactivación de la ZRC retomando entonces, el proceso de gestión e interlocución política para recobrar su legalidad como la realización del primer encuentro nacional de zonas de reserva campesina y la creación del comité de impulso para la activación de la ZRC.
Posteriormente, un año después le fue otorgado a la ACVC el “Premio Nacional de Paz” por resistir aferrados a la tierra y la tradición campesina, y permanecer en sus territorios luchando por una vida justa y digna.
El campesinado del Valle del Rio Cimitarra en este duro trasegar, hemos descidido quedarnos, y permanecer en este terriotorio, conservar nuestra identidad campesina y la firme conviccion de seguir fortaleciendo nuestro proceso organizativo, politico y social en la region del Magadalena Medio Colombiano.
Finalmente, y fruto de los acumulados de esfuerzos, labores y sacrificios realizados por el campesinado del Magdalena Medio, en febrero de 2011 se levanto la suspensión de la ZRC, reconociéndose su utilidad y considerando que esta es una de las mejores alternativas para la permanencia y la defensa del territorio.
*Agradecimientos a los investigadores Silvia Becerra y Frank Molano por sus investigaciones para recuperar la memoria histórica de la ACVC.
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC.
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